Recuperación de la memoria histórica

Recuperación de la memoria histórica

Víctimas y amnistía

«El juez Garzón, ante las denuncias de los familiares de los desaparecidos, hecha en 2006, acordó una investigación penal –el sumario 53/2008– por “delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero de las víctimas en el contexto de crímenes contra la humanidad”, con una rigurosa fundamentación jurídica nacional e internacional. Por esta y otras resoluciones, el TS lo ha juzgado por un inexistente delito de prevaricación.

Garzón hizo una estimación provisional de desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra: 114.266. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237.

Según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, actualmente existen 1.204 fosas pendientes de actuación extendidas por todo el territorio nacional donde permanecen abandonados los restos de las víctimas de los “escuadrones de la muerte franquistas”, según dijo el Consejo de Europa.» [Carlos Jiménez Villarejo, Exfiscal Anticorrupción]

«Al menos los asesinatos cometidos por el bando republicano (unos 50.000) fueron investigados por la Causa General, pero los crímenes franquistas siguen llenos de sombras: ¿fueron 150.000, 200.000?» [Rosa Montero]

«En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.

Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.

La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.» [Julián Casanova: “Sinfonía de maldad”. El País - 23/05/2010]

Se suele decir que la Constitución española de 1978, resultado del consenso de las fuerzas políticas democráticas, zanjó las heridas abiertas desde el comienzo de la Guerra Civil. Pero las heridas no se zanjan ni por ley ni por decreto.

«Franco siguió matando después de la guerra. El franquismo nunca concibió una convivencia fraterna entre españoles sin proscripciones políticas. Franco era un individuo resentido que no pensaba en la convivencia de los españoles, sino en mantenerse en el poder. La autoridad de Franco se basa en la muerte, el castigo y la corrupción. Y fusiló hasta el final. Ahí señalo etapas: la de los años 1939, 1940, 1941 y 1942, en la que, según las informaciones históricas del momento, fusilaron a más de 100.000 individuos.» [Nicolás Sánchez Albornoz]

«La Iglesia participó de forma destacada en la represión. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Políticas, el juez instructor debía pedir informes sobre el presunto responsable “al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquel tenga su vecindad o su último domicilio”.» [Julián Casanova]

«Es un alivio vivir sin Franco y su dictadura, pero todavía veremos aparecer nuevas revisiones y reinterpretaciones. Algunos seguirán actualizando sus mentiras sobre ese pasado. Otros relatos continuarán con su mezcla de propaganda, hechos probados y justificaciones políticas. No es posible congelar esas cuatro décadas de nuestra historia, con muchos de sus actores todavía vivos, las víctimas sin compensar y con los apologetas de Franco y su dictadura vociferando a sus anchas en algunos medios de comunicación. Será cuestión de tiempo, de voluntad política y de educación cívica.» [Julián Casanova, en El País, 20.12.2005]

«En España queda mucho por hacer. Es una democracia débil. Un país que tiene cadáveres en las cunetas no es una democracia plena.» [Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo argentinas]

«Yo lo que creo es que el franquismo contaminó la historia de España y después la izquierda la agarró y la tiró a la basura, y por eso ahora la vuelve a tener la derecha.» [Arturo Pérez-Reverte]

«No queremos hablar del pasado, pero vivimos en él. Apoyo la iniciativa de Izquierda Unida de introducir cambios a la Ley de Amnistía 1977, la cual es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido que se derogue. Nos hemos confundido, y hemos perdonado a los que no piden perdón.» [Blanca Noarbe Sanz de La Rosa: “Cambiar la ley”. El País - 23/04/2010]

«El ejército puso las armas, la Falange aportó los desfiles de masas y el adoctrinamiento y la Iglesia católica se encargó de las bendiciones. Fueron los tres baluartes principales en los que la dictadura de Franco cimentó su poder hasta bien entrados los años sesenta y, si se apura, hasta la muerte del general. En palabras de Julián Casanova, “la Iglesia proporcionó a Franco la máscara de la religión como refugio de su tiranía y crueldad”. “Sin esa máscara”, añade el historiador, “y sin el culto que la Iglesia forjó en torno a él como caudillo salvador, santo y supremo benefactor, Franco hubiera tenido muchas más dificultades para mantener su omnímodo poder”. Basta contemplar las fotografías del dictador entrando bajo palio en las catedrales –un privilegio reservado a los reyes o al santísimo sacramento– para darse cuenta del apoyo sin fisuras y de la coartada moral que la jerarquía eclesiástica y una gran mayoría de católicos brindaron al general.» [Miguel Ángel Villena, recensión de La Iglesia de Franco, de Julián Casanova]

«La falta de escrúpulos en bombardear pueblos asturianos y el uso de mercenarios marroquíes revelaron que Franco sentía por los obreros de izquierdas el mismo desprecio racista que le habían despetado las tribus del Rif. Llevó a cabo una guerra de terror, en la que la matanza de tropas contrarias se vería acompañada de una represión despiadada de la población civil. Se propuso realizar una inversión en terror para establecer los cimientos de un régimen duradero. A partir de 1953, empezó a forjar una nueva imagen: la de padre del pueblo. Fue el momento en que en la práctica se retiró del puesto de Jefe del Ejecutivo (...) se quedó con obligaciones rutinarias que cumplía al estilo de un monarca.» [Paul Preston]

«En un momento en que en Francia se juzga a un ex ministro que participó en la deportación de judíos hacia Alemania, con los resultados previsibles, y en que no se han apagado los ecos en Alemania del libro de Goldhagen en que se implica a los simples ciudadanos de este país como corresponsables del Holocausto, en España se puede ver un programa de supuesto debate en la televisión pública en el que se defiende la opinión de que a fin de cuentas Franco tampoco mató tanto y que, en cualquier caso, no hizo nada diferente de lo que se produjo en otras latitudes después de la II Guerra Mundial.

Se podría pensar que la razón de que aparezcan tales opiniones reside en que hay un retorno sentimental al franquismo. No creo que así sea. Se trata, sobre todo, de frivolidad estúpida, pura ignorancia y desaprovechamiento de una posibilidad de autocrítica colectiva. Saber acerca de ese pasado es profundizar en el mal que pueden hacer los seres humanos, ponerse en condiciones de evitar que se repita y llegar a conocer tanto los sufrimientos de quienes lo padecieron como los méritos de quienes contribuyeron a superarlo.

Para comparar lo que supuso la represión en España en 1939 y en Francia en 1945, lo primero que resulta preciso es utilizar cifras homogéneas. Aquellas que nos pueden servir son las relativas a los ejecutados y sancionados después de la victoria. Son los datos que mejor comparación permiten, porque no están sujetos a circunstancias aleatorias como, por ejemplo, las posibles enemistades privadas que originan muertes irregulares en retaguardia.

En Francia, toda una serie de historiadores (Rioux, Lottman, Rouquet) nos proporcionan los datos acerca de la represión contra los colaboracionistas de la ocupación alemana. Al margen de las ejecuciones sumarias pudo haber unas 7.000 condenas a muerte por parte de los tribunales ordinarios, pero sólo fueron ejecutadas exactamente 767; si a ellas sumamos las dictadas por tribunales militares, el número de sentencias ejecutadas se elevaría a unas 1.500. Unas 125.000 personas fueron internadas al final de la guerra en aquellos momentos en que el propio Albert Camus reclamaba que un requisito para la renovación del país era la depuración previa. De ellos, unos 44.000 sufrieron penas de prisión y 13.000 trabajos forzados. La mayoría, sin embargo, padeció penas simbólicas como la llamada «degradación nacional», que no tenía efectos prácticos. Entre 20.000 y 30.000 funcionarios recibieron algún tipo de sanción, pero si esta cifra puede parecer grande disminuye cuando se usan porcentajes: sólo se alcanza el 10% del total entre los carteros alsacianos, a fin de cuentas una región de composición mixta franco-alemana. Pero el rasgo más palpable de la represión en Francia fue lo pronto que fue sustituida por el perdón, incluso gracias a la intervención de quien como Camus la había solicitado en un primer momento.

En 1948, casi el 70% de los condenados habían sido liberados; en 1953, sólo quedaba el 1%, y en 1960, 15 años después del fin de la guerra, había tan sólo nueve presos en las cárceles. En Francia hubo una auténtica guerra civil entre conciudadanos durante la etapa de la ocupación alemana, pero la represión llevada a cabo por la democracia posterior fue relativamente benevolente.

Estas cifras no admiten comparación con lo sucedido en España. En nuestro país, por desgracia, las fuentes de archivo son más imperfectas que en otras latitudes y, de momento, sólo tenemos cifras parciales. La primera evaluación del número de ejecutados después de la guerra civil la realizó Ramón Salas y computó 25.000, que luego fue ascendiendo hasta unos 30.000. Pero esta cifra debe considerarse como mínima, porque el procedimiento para llegar a ella ha sido sometido a controversia. Los más recientes estudiosos -Solé, por ejemplo- han elevado el total a unas 50.000 ejecuciones. Sin tener en cuenta que la población española era algo más de la mitad de la francesa, resulta correcto decir que, en el más benevolente de los casos, Franco mandó matar a 20 veces más españoles que el número de franceses ejecutados tras la liberación.

Pero, además, la represión fue realizada sin garantías judiciales mínimas, resultó muy duradera y solapó procedimientos persecutorios, uno tras otro. Todos los juicios fueron militares y en ellos fueron admitidos como prueba, a título de ejemplo, informes policiales en los que sin prueba se atribuía al acusado que vivía de una mujer que prostituía a sus hijas (así le sucedió a Companys). Eran habituales los juicios de 15 personas a la vez en la misma causa o despachar a un número semejante en tan sólo una hora. Al margen de las ejecuciones, las penas de prisión fueron durísimas y prolongadas: en Córdoba, por ejemplo, se ejecutó a 1.600 personas, pero fueron juzgadas 27.000. En la primera posguerra hubo casi 300.000 internados, cifra que sólo se redujo a una décima parte en 1950, 12 años después de la guerra civil, y aun así más que duplicaba el número de presos existente en la República.

A este tipo de represión se sumó además la profesional y la económica. Nada más descriptivo del espíritu de la posguerra que la pregunta hecha a uno de esos presos, de nombre Julián Marías: se le interrogó acerca de qué era, en pasado, como si hubiera perdido cualquier derecho al trabajo por el solo hecho de ser derrotado. Fue así en innumerables casos, empezando por el Ejército mismo. Sólo tenemos datos parciales que se refieren a los niveles más altos de la Administración -lo que hace presumir una significación política conservadora-, pero que bastan para demostrar una radical voluntad depurativa y de ruptura con el pasado: un tercio de los profesores universitarios, el 14% de los jueces, el 22% de los fiscales y el 26% de los diplomáticos recibió algún tipo de sanción. Todo hace pensar que en rangos inferiores la depuración fue más dura: el 78% de los empleados del Canal de Isabel II padecieron algún castigo. Al juicio sin garantías y la pérdida de trabajo se debe sumar, en fin, la represión económica. Sólo se ha estudiado en una provincia, Lérida, en donde afectó al 1% de la población. Afectó a los políticos reformistas del periodo anterior y suponía, por ejemplo, la confiscación de los bienes de la familia de Macià por la actuación del presidente de la Generalitat. Muchos de los que la padecieron tuvieron noticia de ella desde el exilio (unas 450.000 personas en un principio y 165.000 de forma definitiva abandonaron España como consecuencia de la guerra).

Un historiador italiano -Gabriele Ranzato- ha escrito que el terror político sistemático y por procedimientos modernos fue empleado por vez primera en Europa oriental durante la revolución rusa. A Franco le correspondió el dudoso privilegio de hacer algo parecido por vez primera en la occidental. Esta afirmación se prueba por las cifras citadas y no se esgrime con ningún deseo de hurgar en un triste pasado ni tampoco como consecuencia de una especie de patriotismo de izquierdas, adscripción política a la que el autor de este artículo no pertenece.

Sencillamente, ésta es la verdad, tal como hoy día la conocemos, y está al alcance de todos llegar a ella. Tras esos datos existe un inmenso pozo de sufrimiento humano en gran medida evitable, porque, incluso después de una guerra, se podría haber elegido un camino de mínima reconciliación, cosa que no se hizo. Por respeto a ese sufrimiento, para evitar que nada parecido se repita y por la simple evidencia de que un país debe conocer a fondo su pasado, resulta intolerable que en un programa de la televisión pública, el de Luis Herrero, se hayan vertido esas afirmaciones que, en verdad, nos ofenden a todos. » [Javier Tusell, historiador]

Transición y Ley de Amnistía de 1977

El 15 de octubre de 1977, fue promulgada la Ley de Amnistía, que entra en vigor el 17 de octubre. Incluía la amnistía de los presos políticos. Su objetivo era eliminar algunos efectos jurídicos que pudieran hacer peligrar la consolidación del nuevo gobierno democrático.

Años más tarde, las denuncias interpuestas por delitos contra la humanidad como genocidio y desaparición forzada, cometidos durante la Guerra Civil Española y el régimen franquista, se encontraron con el obstáculo infranqueable de la ley, que impedía juzgar delitos pertenecientes a esa época. Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron al Gobierno de España la derogación de la citada ley, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles. El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos. Pero los juristas españoles argumentaron que la Constitución de 1978 impedía tal derogación, pues la reactivación de una responsabilidad penal que ya ha sido extinguida violaría el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

«Los debates en la Comisión se redujeron a un tira y afloja de los partidos democráticos para que la amnistía fuera total y a un intento de los representantes de la UCD para limitarla en algunos temas conflictivos. Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria, a pesar de ser reiteradamente invitada a asistir, declinando la defensa de cualquier derecho en la misma. En segundo lugar, porque los franquistas vencedores en la Guerra Civil y en la posguerra no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido, que no sólo no se persiguieron, sino que se avalaron con total impunidad, estimando que estaban suficientemente protegidos por las leyes de la dictadura.» [Jaime Sartorius, miembro de la Comisión Parlamentaria que redactó el proyecto de Ley de Amnistía, en representación del PCE]

«En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.

Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.» [Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, en El País, 06/02/2011]

«Medio país había ganado la guerra. El otro medio había perdido el tranvía. Al otro medio se lo llevó la gripe. Al otro medio lo fusilaron en la posguerra. Y el otro medio emigró a Alemania. Mientras la mitad de los españoles vivía mejor que Dios, la otra mitad se compraba un seiscientos y brindaba con quinta San Clemente. Y entonces se acabó la transición. De una República popular a una Monarquía constitucional. Cuarenta años de transición que no se los salta un galgo.

Muerto Franco, Cataluña y las Vascongadas dejan de ser dos de las múltiples autonomías que fortalecen la unidad de la patria. El café para todos arruina el sueño de catalanes y vascos, que no pegan ojo desde la noche de los tiempos. No es extraño que con tanto café se hayan vuelto nacionalistas histéricas.

Se murió el señor dictador y, de pronto, en la escuela nos dieron vacaciones. Empezaba la pedagogía del posfranquismo: muerte y vacaciones. Incluso nos alegramos al saber que Franco había puesto a un carnicerito de Málaga como presidente del Gobierno. ¡Al fin el pueblo al poder! Poco después, los Payasos de la Tele les cantaron, como a todo quisque, Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana, cantaban. El mañana, sí, porque el hoy ... Y del ayer no se toca ni una coma. Luego les pasaron, como a todo quisque, una de marcianos: Los lagartos repelentes se transformaron en abuelitos encantadores y liberales. Les cantaron la Nana de la Reforma Política. Se inauguraba una época de medias verdades, de labios apretados, de oídos sordos, de no me tires de la lengua, de mirar para otro lado cuando se pasaba ante la tapia de un cementerio ... Eran tiempos de taparse la nariz. Todavía no era el momento de abrir las fosas: el hedor de tanto fusilado hubiera estropeado la gran fiesta nacional de la reconciliación.» [Marcos Ordóñez: Reseña de Franco ha muerto o cómo idiotizar a un pollo, espectáculo de Xavier Terso y Rafael Metlikovez (Accidents Polipoètics)]

La discusión sobre el VaLle de los Caídos

«Una comisión de expertos propone a un gobierno en funciones, incapaz de resolver por sí mismo el futuro de aquel horror de monumento, que negocie con la Iglesia católica el traslado del cadáver del general allí enterrado, de manera que se proceda a "resignificar" todo el conjunto monumental como lugar de reconciliación y de memorias compartidas. Donde los fundadores erigieron un monumento a la gloria de los que dieron su vida por Dios y por España, los expertos, previo el obligado trabajo de resignificación, quieren fundar, "sin destruir ni cambiar nada", un Memorial a las víctimas de "los dos bandos".

¿Puede dotarse a una gigantesca cruz sobre una enorme basílica de un significado no ya distinto sino contrario a lo que en sí misma significa? ¿Cabe la "relectura" de un monumento extrayendo de él un sentido contrario al que se deriva de su texto en piedra? Los expertos dicen que sí, porque "como no son las piezas, los soportes, quienes poseen la fuerza comunicativa sino el relato que emana de su fundación, lo que procede es un discurso que desvele el significado global del proyecto".

O sea, las piezas y sus soportes, la colosal cruz y la basílica, son mudas, no dicen nada; lo que importa no es lo que en sí mismas significan, sino el relato que acompañó su fundación. Cambiemos, pues, de relato, y cambiará el significado del monumento.

No será "empresa fácil", escriben, y por eso proponen abordar esa resignificación del Valle "de una manera global", con una "actuación integral" que proporcione a los visitantes la relectura completa del conjunto monumental. Para lograrlo, los expertos sugieren la construcción de un Centro de Interpretación, situado a la entrada de la basílica, de la que se habrá retirado el cadáver del general Franco. El visitante, antes de entrar en lugar sagrado, habrá de tomar una especie de ducha laica, impartida en el Centro, de la que saldrá empapado de relectura y de resignificado. Y ¿quiénes serán los que impartan esa relectura, quiénes serán los muñidores de la resignificación? De eso nada se dice, pero es curioso que encarguen la tarea de resignificación a un centro oficial que necesariamente habrá de estar bajo control del Estado.

Dejando aparte discusiones teóricas sobre los límites de la interpretación y representación del pasado -ni aunque se arrepintieran todos los nazis se podría nunca reinterpretar Auschwitz como lugar de reconciliación- una cosa es clara en esta propuesta: los estragos que han provocado las amenidades posmodernas cuando reducen la realidad, pasada o presente, a mera construcción discursiva. Pues por mucha relectura y mucha resignificación que caiga sobre sus piedras, el Valle de los Caídos nunca será un monumento a la reconciliación ni un lugar de memorias compartidas. Es el monumento erigido al triunfo de la Nación Católica por un dictador, tras una devastadora guerra civil, resignificada, ella sí, como Cruzada en el relato mítico de los obispos. Eso fue en su origen, eso era a la muerte del dictador, eso es hoy, y eso será siempre que, bajo la sombra y el peso de la cruz, se mantenga en pie la abadía y no se derrumbe la basílica.

Hay, con todo, en el informe un motivo de esperanza para el futuro: el conjunto amenaza ruina y serán necesarios millones de euros para taponar las filtraciones de agua en la basílica y rehabilitar el deterioro de los grupos escultóricos. Dejemos, pues, que la madre naturaleza siga su curso y resignifique por sí sola como campos de soledad, mustio collado, todo el conjunto monumental. Abandonemos, con o sin Franco en su tumba, aquellos parajes a las nieves del invierno y a los soles del verano hasta que surja otro poeta que cante: "Este llano fue plaza, allí fue templo. / Mira mármoles y arcos destrozados / mira estatuas soberbias que violenta / Némesis derribó, yacer tendidas / y ya en alto silencio sepultados / sus dueños celebrados..." Nunca lucirá más hermoso que en sus ruinas el Valle de los Caídos.» [Santos Juliá: “Una imposible resignificación”, en El País - 11/12/2011]