Primera República 1873-1874

PRIMERA REPÚBLICA (febrero 1873 a enero 1874)

El 10 de febrero de 1873 abdica el rey Amadeo I de Saboya, quien abandona España. Al día siguiente, los diputados republicanos proclaman la República.

Primera República Española de febrero de 1873 a enero de 1874.

El republicanismo es minoritario entre los españoles.

División en cuanto a la concepción del Estado: República unitaria con un único gobierno para todo el país o República Federal con estados autónomos que se ponen de acuerdo para crear un Estado de rango superior.

Levantamiento cantonal entre 1873 y 1874: descrédito del republicanismo federal.

Presidentes republicanos: Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

El 2 de enero de 1874 Emilio Castelar queda en minoría en las Cortes.

Enero de 1874: golpe de Estado del general Pavía.

Dictadura del general Serrano de enero a diciembre de 1874, que, tras el golpe de Estado del general Pavía, disuelve las Cortes, se nombre Presidente de la República y forma nuevo gobierno, apoyado por los monárquicos.

El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronuncia en Sagunto por la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. El triunfo de esta opción fue preparado por Cánovas del Castillo.

Comienzo de la Restauración Borbónica: Alfonso XII.

La crisis política abierta en España por la Revolución de septiembre de 1868 culminó en la proclamación, por primera vez en la historia de España, de la República. El Congreso y el Senado se reunieron el 11 de febrero de 1873, tras la abdicación de Amadeo I. La República fue proclamada por unas Cortes en las que no había una mayoría republicana. Las ideas republicanas gozaban de escaso apoyo social y eran rechazadas por los grupos sociales e instituciones más poderosos del país. La alta burguesía y los terratenientes, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica eran contrarios al nuevo régimen.

Los escasos republicanos pertenecían a las clases medias urbanas, mientras las clases trabajadores optaron por dar su apoyo al incipiente movimiento obrero anarquista. La debilidad del régimen republicano provocó una enorme inestabilidad política. En el breve lapso de un año se sucedieron cuatro presidentes, cada uno durante un cortísimo período de tiempo: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón, y Emilio Castelar.

La Primera República nunca llegó a consolidarse porque no pudo aprobarse la Constitución federal presentada en julio de 1873, y porque los extremismos de distinto signo la sumieron en el caos: carlistas en el norte, y cantonalistas (federalistas radicales y regionalistas) en el sur. Ante ello, la República reaccionó volviendo a posturas conservadoras y centralistas.

Esta Primera República nace con un excesivo carácter federal y descentralizados, con apoyo a las tendencias federalistas de determinadas zonas. Importante es el hecho de que las clases populares respaldaran a la República, considerándola más social de lo que realmente era. La Primera República nace con fecha de caducidad, ya que los Republicanos están divididos: Los que pretenden por medio de una revolución desarrollar el carácter federalista contra los que pretenden llegar al federalismo de forma democrática. La lucha de estos grupos provocará el fin de la República.

Toman la iniciativa los republicanos más radicales, se enfrentan al poder. Desgastando el poder de la República se celebran elecciones a las Cortes con la idea de desarrollar una estructura estatal federal, pero se acaba implantando una República federal que no contó con apoyo y con la abstención de la mayoría de los grupos políticos. En 1873 se intenta crear una Constitución Federal, pero debido a la inestabilidad existente no se aprueba. Surgen movimientos cantorales en Levante (Valencia y Alicante). Siguen las guerras carlistas.

Bajo la presidencia de Salmerón la República da un giro hacia la derecha, encargando la pacificación de los movimientos cantonalistas a los militares. La República pierde atractivo para la mayoría de los grupos políticos. Finalmente, el general Pavía disolvió el Congreso de los Diputados el 3 de enero de 1874. El general Serrano volvió a hacerse responsable temporal del gobierno, hasta que el pronunciamiento del general Martínez Campos (diciembre de 1874) hizo real el deseo generalizado de restaurar la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II.

El fin de la República fue causa de la disolución de las Cortes por el General Pavía en 1874 y la presión ejercida por el general Martínez Campos a favor de la restauración de la dinastía borbónica. El alzamiento del general Martínez Campos cuenta con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas y al final se reinstaura la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, que durará hasta 1931 en el que se proclama la Segunda República.

PRESIDENCIA DE ESTANISLAO FIGUERAS

La Asamblea Nacional proclama la República y aprueba un ministerio presidido por el progresista Estanislao Figueras, abogado catalán y parlamentario republicano, que formó gobierno, en parte con ministros de la anterior etapa monárquica, pero también incorporando reputados republicanos. Figueras estuvo al frente del ejecutivo durante cuatro meses (desde el 11 de febrero hasta el 11 de junio). Fue una etapa de consenso entre las distintas familias republicanas.

Dentro del campo republicano empezó pronto a desarrollarse una división entre la mayoría de los elementos de la base, que deseaban instaurar inmediatamente una república federal, y los dirigentes del partido, los cuales creía que solo mediante la elección de unas Cortes constituyentes se podría decidir sobre dicho punto.

Al fracasar un intento de golpe de Estado impulsado por el político conservador Cristino Martos, el gobierno republicano fue reorganizado el día 24 de febrero. Para eliminar a la Asamblea Nacional se convocaron Cortes Constituyentes. Algunos miembros de la Asamblea, apoyados por varios generales, organizaron, sin éxito, un nuevo pronunciamiento el 23 de abril.

Con el triunfo de los republicanos federales surgieron entre ellos discrepancias sobre la forma de organizar el Estado federal –el nuevo modelo aparecía dividido en 17 estados entre los que figuraban como tales Cuba y Puerto Rico. Los transigentes, que estaban liderados por Pi i Margall y constituían la mayoría, consideraban primordial conseguir primero el orden social para luego construir una república federal desde arriba. Los intransigentes defendían que se debía comenzar con la construcción del Estado federal desde abajo y luego buscar la paz social.

Durante las discusiones parlamentarias, el equipo dirigente del republicanismo empezó a fraccionarse, acentuándose una tendencia hacia la derecha, dirigida por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón, y otra hacia la izquierda, formada por los diputados federales intransigentes.

La República unitaria carecía de apoyos sociales, de manera que el resultado de las primeras elecciones dio el triunfo a los republicanos federales. El Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes en mayo de 1873. Los republicanos federales obtuvieron la mayoría absoluta de la Cámara con 343 escaños por 21 del resto de partidos. Las Cortes Constituyentes aprobaron el establecimiento de la República Federal, con 219 votos a favor y 2 en contra. Los federalistas apostaban por una división territorial del Estado en cantones independientes, a imitación de Suiza. Las disensiones internas en el seno del Consejo de Ministros causaron la dimisión del presidente Estanislao Figueras el 10 de junio.

El 7 de junio de 1973 las nuevas Cortes proclamaron la República democrática, federal y propusieron como presidente del Gobierno a Pi i Margall, convencido federalista catalán.

PRESIDENCIA DE FRANCISCO PI Y MARGALL

El presidente Estanislao Figueras abandona la presidencia del poder ejecutivo. Le sustituye en el cargo Fancisco Pi y Margall el 11 de junio.

Las Cortes eligen como presidente al federalista Francisco Pi i Margall, que impulsó el proyecto constitucional. El borrador de la Carta Magna recogía los principios de soberanía nacional; la división de poderes: ejecutivo (Gobierno), legislativo (Cortes), judicial (Justicia) y de relación (presidente de la República); el sufragio universal masculino; las libertades de expresión, reunión, asociación y culto, y la descentralización administrativa. El Estado federal contemplaba la división de España en 17 Estados soberanos con autonomía completa para dotarse de sus propios órganos de Gobierno.

La impaciencia de los republicanos federalistas ante la lentitud en la aprobación del proyecto constitucional provocó el estallido de huelgas revolucionarias y la fundación de cantones independientes en el Levante y Andalucía. Estalló el movimiento cantonalista, incluso antes de que se pudiera promulgar la correspondiente Constitución (que no pasó de proyecto constitucional, al no tener tiempo de alcanzar la aprobación parlamentaria).

Pi i Margall intentó restablecer el orden, pero el legalismo hizo que fuera desbordado por las insurreciones cantonalistas y revuelvas obreristas; al mismo tiempo, los ejércitos carlistas progresaban en Cataluña y en el país vasco-navarro.

Pi y Margall reconocía que los «intransigentes» estaban poniendo en práctica su teoría del federalismo «pactista» de abajo arriba, pero no podía aceptar la insurrección cantonal que quería imponer la república federal «por medio de una revolución a mano armada». Pi i Margall quería establecer una república federal por el acuerdo de una Asamblea y de una manera legal y pacífica.

Para acabar con la rebelión cantonal Pi y Magarll se negó a aplicar las medidas de excepción que le proponía el sector "moderado" de su partido, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal, cosa que no llegó a realizarse, y confiaba en que la vía del diálogo haría entrar en razón a los sublevados. Pi y Margall intentó combinar la persuasión y la represión para acabar con la rebelión cantonal.

El 15 de julio Pi y Margall pidió en las Cortes que se aprobara rápidamente la nueva Constitución para así frenar la extensión de la rebelión cantonal. El 17 de julio se dio lectura al Proyecto de Constitución Federal de la República Española, redactado por Emilio Castelar, pero tres diputados «intransigentes» presentaron un proyecto alternativo.

El 18 de julio el diputado «intransigente» Casalduero acusó a Pi y Miargall de haber traicionado la idea de la construcción de la Federación de abajo arriba y de haberse dejado arrastrar por el sector «moderado» que propugnaba la represión. Según este diputado, el grave error era querer establecer el orden por medio de la fuerza, porque el mal depende de que no está constituida la República, unos quieren que el orden se haga antes que nada, y nosotros creemos que el orden será producto del Gobierno republicano y de la consolidación de la República federal.

Para hacer frente a la situación, el presidente Pi y Margall intentó organizar un gobierno de concentración republicano y pidió el voto de confianza, pero solo consiguió el apoyo de 93 diputados, frente a los 119 que obtuvo el «moderado» Nicolás Salmerón. El sector "moderado" le había retirado su apoyo votando a favor de Nicolás Salmerón. Al no ser secundado por los políticos de la derecha, Nicolás Salmerón y Emilio Castela, Pi y Margall presentó su dimisión irrevocable.

PRESIDENCIA DE NICOLÁS SALMERÓN – 18 de julio al 7 de septiembre de 1973

El 18 de julio, tras la caída de Pi y Margall, asume la presidencia del poder ejecutivo Nicolás Salmerón, filósofo krausista y humanista de firmes convicciones. Fue elegido presidente del poder ejecutivo con 119 votos a favor y 93 votos en contra. Era un federalista "moderado" que buscaba un entendimiento con los conservadores y una lenta transición hacia la república federal. Salmerón se limitó a establecer militarmente el orden y a reprimir duramente los movimientos obreros internacionalistas, de orientación claramente anarquista.

Tras la llegada de Salmerón a la presidencia del gobierno, se intensificó el movimiento cantonalista porque los "intransigentes" pensaron que con él sería imposible ni siquiera alcanzar la República Federal desde arriba, como les había asegurado Pi y Margall, por lo que el 30 de julio formaron un "Gobierno provisional de la federación española". En aquel momento, entre carlistas y cantonales, 32 provincias se hallaban levantadas en armas.

El lema del gobierno de Salmerón fue el «imperio de la ley», lo que suponía que para salvar la República y las instituciones liberales había que acabar con carlistas y cantonales. Orientó su política hacia la eliminación de la insurrección cantonalista y envió contra los federales sublevados parte de las tropas que combatían en el norte contra los carlistas. Esto permitió reducir el foco insurreccional al cantón de Cartagena.

Para restablecer el orden, el presidente Salmerón tuvo que apoyarse en sectores monárquicos del ejército, como el general Martínez Campos y el general Pavía. Nada más tomar posesión del cargo sustituyó al general republicano Ripoll por el general Manuel Pavía, de dudosa fidelidad a la República Federal. El general Pavía se encargó de la pacificación de Andalucía y Martínez Campos de Levante.

El general Pavía se enfrentó con el ministro Palanca tras el asalto de la ciudad de Málaga. Puesto ante la alternativa de firmar varias sentencias de muerte impuestas por los tribunales a algunos insurrectos, el presidente Nicolás Salmerón, de convicciones humanistas, se negó a hacerlo y prefirió dimitir el 7 de septiembre de 1973. "Abandonó el poder por no firmar una sentencia de muerte", reza el epitafio de su tumba.

PRESIDENCIA DE EMILIO CASTELAR – 7 de septiembre de 1873 al 3 de enero de 1974

Asume la presidencia de la República conservadora Emilio Castelar, polémico periodista, brillante orador y catedrático de la Universidad Central, ante el incremento del poder militar monárquico conservador. Castelar se limitó a restablecer el orden: el movimiento cantonal había finalizado, pero quedaban focos revolucionarios, la guerra contra los carlistas en el norte de la Península y la guerra contra la insurrección de Cuba.

Castelar acentuó más la tendencia unitaria y derechista y formó un gobierno centralista y con más autoridad para poder hacer frente a la situación, especialmente a los tres “cánceres” del régimen: la guerra de Cuba, el carlismo y el cantonalismo. Suspendió las Cortes y las garantías constitucionales, al tiempo que se esforzaba en restablecer la disciplina del ejército entregando el mando a oficiales monárquicos, que pronto empezaron a conspirar contra la República.

Con su política centrista, Emilio Castelar perdió las simpatías de la mayoría republicana, y al ser de nuevo abiertas las Cortes fue derrotado en una votación y fue destituido.

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1873

Durante el verano de 1873 se elaboró un proyecto constitucional, que haría surgir una república federal integrada por 17 estados, pero que, al carecer del suficiente apoyo legislativo en medio de un país radicalizado, con situaciones bélicas alejadas del previsto sistema político (cantonalismo y tercera Guerra Carlista) y con el definitivo despegue del asociacionismo obrero, no llegó a promulgarse.

El proyecto de constitución para la Primera República Española fue redactado por Emilio Castelar. Pretendía la transformación de España en una federación. Era la primera propuesta constitucional de la historia política española que trataría de buscar una solución a una cuestión que no haría otra cosa que agudizarse con el tiempo: la de la organización territorial de nuestro Estado. El proyecto estaba muy influido por la Constitución de los Estados Unidos de 1787: elección del presidente de la República mediante un colegio electoral, prevalencia del derecho federal sobre el de los Estados y el reparto de las competencias entre la Federación y los Estados. También estuvo influido por la Constitución española de 1869, de la que tomó la declaración de derechos, con dos diferencias significativas: la separación entre la Iglesia y el Estado, que incluye el pleno reconocimiento de la libertad de cultos, y la abolición de los títulos de nobleza.

FIN DE LA PRIMERA REPÚBLICA – REGENCIA DE SERRANO

Ante esta situación, el general Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, apoyado por elementos conservadores y con fuerzas de la Guardia Civil, dio un golpe de Estado que puso fin a la Primera República española el día 3 de enero de 1974. Así terminaba el primer ensayo republicano de forma efectiva, si bien no formal.

El general Francisco Serrano asumió el poder, que conservó hasta que, el 29 de diciembre de 1974, se produce el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos en Sagunto en favor de la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII. Lo que representó el retorno de los Borbones al trono español.

Así se inicia el nuevo periodo de la Restauración monárquica, que durará hasta el comienzo de la Segunda República (1931-1936).

El ensayo de la Primera República española fracasó víctima de la incapacidad de los revolucionarios y la febril impaciencia de las provincias. Los dirigentes no tuvieron nunca un proyecto claro y consistente, les faltaron los apoyos parlamentarios sólidos y la burguesía no tenía la unidad suficiente como para dar solidez al proyecto político de los idealistas de la revolución del 68.

La República nació con un defecto congénito: el diseño de un Estado federal desgarró el país con el estallido cantonalista y los conflictos sociales. Salmerón llamó al ejército en su auxilio y Castelar dio un giro a la derecha para salvar lo poco que quedaba de la revolución democrática. Por otro lado, la burguesía conservadora, con sus proclamas apocalípticas de la descomposición de España, provocó que en enero de 1874 las tropas del general Pavía disolvieran a tiro limpio las Cortes y pusieron punto final al experimento republicano.

La intención del general Pavía era dar un golpe militar para reforzar la autoridad de Castelar, pero sin el consentimiento del presidente. Castelar rehusó el ofrecimiento del general Pavía para que presidiera el gobierno, por lo que la presidencia del poder ejecutivo de la República y del gobierno la asumió el líder del Partido Constitucional Francisco Serrano, duque de la Torre, quien se fijó como objetivo prioritario acabar con la rebelión cantonal y con la Tercera Guerra Carlista. La instauración de la dictadura de Serrano apenas encontró resistencia popular excepto en Barcelona. El 10 de enero de 1874 el gobierno de Serrano decretó la disolución de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) por «atentar contra la propiedad, la familia y demás bases sociales». Inmediatamente la Guardia Civil ocupó todos sus locales y los periódicos internacionalistas fueron suspendidos.

Al golpe de Pavía siguió una “fase pretoriana republicana” con el gobierno de Francisco Serrano, duque de Torres, que volvió a presidir el Gobierno, era su segunda regencia. La regencia de Serrano dedicó sus esfuerzos a combatir a carlistas y cantonalistas. Serrano suspendió las garantías constitucionales y disolvió las Cortes. Durante cerca de un año, se esforzó por restablecer en todo la normalidad y el orden acabando con la insurrección cantonal, yugulando los movimientos obreros y dando un nuevo impulso a la contienda carlista. Consiguió la derrota definitiva del cantón de Cartagena el 12 de enero de 1874. Una vez resuelto el problema cantonal, el general Serrano delegó el poder político para dirigir la lucha contra las tropas carlistas en el Norte peninsular.

La intención del general Serrano era que, una vez que se restableciese la normalidad, decidir sobre la naturaleza exacta del régimen. Serrano, junto con Canovas del Castillo, pretendía una restauración consensuada, pacífica y civil de la dinastía borbónica derrocada. Pero el proyecto se fue al traste por la impaciencia del general Martínez Campos que, el 29 de diciembre de 1874, se pronunció en Sagunto y proclamó a Alfonso XII, hijo de Isabel II, como rey de España, dando así fin al Sexenio Revolucionario. Alfonso XII contaba con el apoyo de un amplio sector de la burguesía conservadora liderado por Canovas del Castillo.

«España había leído en sus calles la crónica de la muerte de la República. El desorden político, los estallidos de violencia y las oleadas de furia anticlerical dejaron en los pioneros del capitalismo un sentimiento de miedo a la marea popular; en las clases medias, muchas ganas de olvidar aquella época de confusión y anarquía; en la masa campesina y proletaria un recuerdo de ideales traicionados, y en los obispos una pesadilla de conventos e iglesias arrasadas. Razón suficiente para que nadie saliera a la calle a defender el régimen trasnochado del general Serrano cuando las tropas del general Martínez Campos se sublevaron en Sagunto en defensa de la monarquía. La mitología de los sables, el brillo de los uniformes, que era el brillo del poder, el sol prestigiando los metales no usados de las armas... anunciaban una nueva irrupción –aunque efímera– de los generales en la historia, esta vez para asentar en el trono a Alfonso XII, quien, desde su exilio inglés, había soñado con ceñirse algún día la corona desbaratada por su madre Isabel II.

El inminente regreso de la monarquía no provocó entre los españoles manifestación alguna de júbilo y la indiferencia se contagió en una mayoría convencida de que se trataba de un escaparate urdido por los que no deseaban más libertades que las suyas. Sin embargo, aquella mañana de enero de 1875 los madrileños desbordaron las calles de la capital para recibir al rey Alfonso XII, que como hijo de una destronada no esperaba tan ruidosa acogida. Los manifestantes que ahora se arremolinaban al paso del cortejo eran los mismo que seis años atrás habían celebrado el destierro de Isabel II.» [García de Cortázar 2003: 211-212]

Cuando la revolución de 1868 parecía haber franqueado el camino a una auténtica democracia, la división interna del partido progresista dio paso a un nuevo tramo de guerras civiles y a la convulsión social provocada por un doble proceso disgregador: el del federalismo anárquico (el cantonalismo) y el del anarquismo federal (la I Internacional en su versión bakuninista). La gran ilusión que despertara el proyecto democrático de Prim naufragó en el caos.

El Sexenio Democrático vino a mostrar la debilidad de los apoyos sociales e institucionales con que contaba la democracia en España. La burguesía se replegó a posiciones conservadoras y autoritarias, atemorizada por el desarrollo del movimiento obrero, sobre todo el anarquista, y el peligro de la vuelta al pasado que significaba el carlismo.

El internacionalismo obrero, en su versión anarquista, comenzó a extenderse por todo el país, especialmente en el campo andaluz y la costa levantina hasta el epicentro de Barcelona. En Alcoy (Alicante), los obreros, dueños de la villa, asesinaron al alcalde e incendiaron varias fábricas. El carlismo seguía sembrando de guerra y perturbación buena parte del norte de España. La lucha contra los independentistas en Cuba reclamó cada vez más soldados y medios materiales.

LA REVOLUCIÓN CANTONAL – 12 de julio de 1873

La fórmula de compromiso que intentó llevar a la práctica Figueras fracasó a los pocos meses. El ala radical, “los auténticos republicanos”, los federalistas, se impacientaron y exigían el establecimiento de una República federal ya. Ante las dificultades para una aprobación de la nueva Constitución federal, los republicanos federales más extremistas se lanzaron a proclamar cantones, pequeños estados regionales cuasi independientes, sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid.

El 12 de julio de 1873, Cartagena (Murcia) se proclama cantonalista. El Ejército y su flota, también. Una vez conseguida la victoria, la Junta Soberana toma el poder e inicia las reformas. Se prohíbe la enseñanza religiosa y empiezan las colectivizaciones. Se confiscan los bienes a la Iglesia y aquellos adquiridos por herencia y con origen de gracia y donación real, tales como vinculaciones, mayorazgos o capellanías, entre otros. Se decreta el divorcio y se deroga la pena de muerte. En pleno siglo XIX se reconoce el derecho al trabajo, se establece la jornada de ocho horas e incluso se diseña un plan educativo propio. El nuevo Gobierno cantonal decide acuñar una moneda propia. Las nuevas monedas no llevaban figura alguna, solo dos inscripciones: por un lado “Cartagena sitiada por los centralistas, septiembre de 1873”, y por el otro “Revolución Cantonal, cinco pesetas”.

El 19 de julio se proclama el cantón de Cádiz nada más conocerse que se había formado el Gobierno de Salmerón. Del Cantón de Sevilla recibieron abundante material de guerra y su posición se vio reforzada con la incorporación al cantón de La Línea de la Concepción y de San Fernando.

El 23 de julio se proclama el Cantón de Málaga, aunque desde la proclamación de la República Federal el mes anterior Málaga ya era prácticamente independiente del poder.

El levantamiento cantonalista de Cartagena se extendió de forma incontrolada y con extraordinaria rapidez por el resto de provincias costeras del mediterráneo, Andalucía y Levante, alcanzando incluso a la ciudad de Barcelona y algunas otras del interior español, como Salamanca o Ávila. Cartagena fue la más persistente, hasta el punto de declarar la guerra al Estado español. Curiosamente tanto Cataluña como la zona Cantábrica se mantuvieron al margen, tomando el protagonismo Levante y Andalucía.

Estalla la guerra entre Madrid y Cartagena. Jerez proyectó su cantón pero finalmente prefirió rendirse a Madrid antes que anexionarse a Cádiz. Granada y Jaén entraron en guerra por sus límites, Utrera se hizo independiente de Sevilla, mientras esta le declaraba la guerra. Coria, capital episcopal, intentó independizarse no de Madrid sino de Badajoz, como Betanzos de La Coruña. El cantonalismo triunfó dentro de la provincia murciana en Cartagena, Murcia, Jumilla, Caravaca, Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva, Archena, Las Torres de Cotillas, Alhama, Lorca, Fuente Álamo y Pliego.

El movimiento cantonalista conjugaba las aspiraciones y los deseos descentralizadores con los deseos de justicia social, con los deseos revolucionarios de las masas de obreros y campesinos, sin que en la mayoría de los casos fueran unidos, pues los republicanos buscaban la descentralización de las instituciones estatales, mientras que los anarquistas rechazaban cualquier forma de organización estatal.

El ejército consiguió reprimir la insurrección. La resistencia del cantón de Cartagena le convirtió en el símbolo de este movimiento en el que las ideas republicano-federales y anarquistas se entremezclaron.

La sociedad española estaba compuesta mayoritariamente por población campesina con un elevado índice de analfabetismo y desmovilización política. Por otra parte, una minoría oligárquica (nobleza y alta burguesía) era partidaria de un régimen monárquico piramidal, del cual se beneficiaba, y en el que el caciquismo era su instrumento preferido. El republicanismo tenía su clientela en la burguesía media, sobre todo en las ciudades, donde tenía que competir con los movimientos obreros.

La República heredó dos guerras del periodo anterior: la de Cuba y la tercera Carlista, que eran una enorme carga para la Hacienda, impidiendo cumplir algunas promesas muy “republicanas”, como la abolición de quintas y consumos. A esto hay que añadir el problema social que representaba el bandolerismo, que en muchos casos se mezclaba con el cantonalismo federalista. Todo esto frustraba las bases sociales republicanas.

Tres días antes de iniciarse la revolución cantonal en Cartagena, había estallado la Revolución del Petróleo de Alcoy (provincia de Alicante) por iniciativa de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT).

La influencia de la Comuna de París (1871) desempeña sin duda un papel importante en la gestación y desarrollo de la revolución cantonal. Los ecos de la Comuna se mantendrán vivos no solo por la letra de molde, sino también por la continua presencia en España de refugiados franceses. En abril de 1872 las autoridades españolas expulsan a varios emigrados acusados de pertenecer a la Internacional e incitar a los obreros a la huelga. En 1873, la proclamación de la Primera República española reaviva las ilusiones comunalistas de los desterrados franceses y de los federalistas europeos. Según Clara E. Lida, “la explosión cantonal de julio parece confirmar la posible actividad de los comunalistas franceses en España, aunque es imposible conocer la verdadera magnitud de esta colaboración internacional... pero entender el cantonalismo como puro reflejo de la Comuna francesa sería una visión limitada del problema... Sin embargo, es imposible concebir el alzamiento español sin tener en cuenta la larga tradición federalista de las provincias españolas, la activa propaganda anticentralista del republicanismo y la militante postura anti-autoritaria de los obreros españoles federados en la AIT”.

EL PAPEL DE LA INTERNACIONAL EN LA REBELIÓN CANTONAL

Parece claro que los dirigentes de la Internacional, es decir, la FRE-AIT, no intervinieron en la rebelión cantonal y que el único lugar donde los internacionalistas tomaron la iniciativa, además de la revolució del petroli de Alcoy, fue en San Lúcar de Barrameda.

La insurrección de Alcoy, era «un movimiento puramente obrero, socialista revolucionario», mientras que la rebelión cantonal, un movimiento «puramente político y burgués». Pero la consecuencia fue que la represión también se abatió sobre los internacionalistas.

El 16 de agosto de 1873 La Federación, órgano de la FRE-AIT, explicó por qué a su juicio había fracasado la rebelión cantonal: «El movimiento cantonalista puede darse por terminado. Si ha sucumbido ha sido precisamente porque no era un gobierno revolucionario. Los gobiernos no se derrotan con otros gobiernos sino con revoluciones. No basta en revolución decir ¡Viva la federal!, sino practicar la federación revolucionaria, destruir todo gobierno; organizar el trabajo y destruir de hecho los privilegios y monopolios del capital.»

«La filas republicanas se vieron una y otra vez sacudidas por la ruptura entre intransigentes y moderados, entre federalistas y unitarios. Mientras el Gobierno central intentaba mantener un equilibrio político con los elementos más o menos liberales de otros partidos en un régimen “de reconciliación”, los intransigentes activaban su oposición contra un sistema que, según ellos, se bien era federal de nombre, en la práctica era centralista y moderado.

Aunque los internacionalistas participan de esta opinión, no comparten sus metas con los republicanos intransigentes. Para la Federación Regional Española (FRE) la respuesta a la crisis no consistía en acentuar el federalismo de un gobierno en el cual no participaban ni creían; por el contrario, los principios de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) española eran los proclamados en la conferencia de Valencia de 1872: “la libre federación universal, de libres asociaciones obreras, agrícolas e industriales, aboliendo todos los Estados al aniquilar el principio autoritario”. Esta era la única federación posible: el anarquismo, ajeno a las luchas internas del republicanismo e impregnado de una clara dimensión social y económica. [...]

La participación de internacionalistas se revela en múltiples cantones andaluces y, también, levantinos, e incluso se habla de la presencia de uno que otro internacionalista español y extranjero en Cartagena. Sin embargo, afirmar como se hizo en la época, que la AIT dirigió la insurrección cantonal, es una acusación tan inexacta como la que un par de años antes se había formulado sobre la Comuna de París. Más acertado nos parece insistir en la espontaneidad de la colaboración de los grupos federales con miembros de la FRE deseosos de llevar a la práctica aquellos principios sociales en que coincidían ambos movimientos. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que si esta unión se realiza en el plano individual y local, la Federación Regional renunció en todo momento a colaborar con los partidos republicanos, cuyos intereses “burgueses” solo podía acabar por traicionar al proletariado con reformas que no eran “una verdadera expresión revolucionaria, sino una mixtificación, y que, por lo tanto, no puede producir los resultados que el proletariado desea”. Con la excepción de Sanlúcar de Barrameda, donde el principio de la insurrección es abiertamente internacionalista, el resto de las sublevaciones no respondieron en ningún momento a consignas de la FRE. Esta, en cambio, previno una y otra vez a sus asociados contra las ambiciones políticas de los republicanos, que intentarían utilizar a los obreros socialistas para fines puramente partidarios.» [Lida 1972: 179 y 185]

LA REVOLUCIÓ DEL PETROLI EN ALCOI 1873

En 1873, durante la Revolución Cantonal, Alcoy protagonizó un importante capítulo de su historia. Los obreros fabriles se concentraron ante el ayuntamiento durante una huelga general que reclamaba una mejora salarial. El alcalde republicano, Agustí Albors, apodado Pelletes, ordenó abrir fuego sobre los manifestantes, que, encolerizados, asaltaron el ayuntamiento, mataron al alcalde y mutilaron su cadáver. Alcoy se declaró independiente y fue gobernada por un Comité de Salud Pública entre el 9 y el 13 de julio, hasta la llegada de las tropas federales. Este episodio es conocido como Revolución del petróleo (Revolució del Petroli).

«El levantamiento de Alcoy de 1873 no debe considerarse como un episodio más del huracán cantonalista, sino como una variante única dentro de la serie de sublevaciones estivales del 73. Solo allí adquiere la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) dimensiones insospechadas cuando esta industriosa ciudad alicantina sirve de marco al levantamiento obrero más importante del siglo XIX. Mientras el cantonalismo representó el último intento federalista de consolidarse en el poder por medio de la insurrección popular, Alcoy marca la culminación de la Primera Internacional española en su lucha contra las clases dominantes.» [Lida, Clara E.: 1972: 205]

EL MOVIMIENTO OBRERO

En 1763 se da a todo español libertad para comercia con toda América. Las expediciones podían salir no solo de Cádiz, sino también desde Barcelona, Alicante, La Coruña, Santander y Gijón. Trece puertos españoles podían comerciar con veinte puertos americanos. La burguesía se afianza sobre todo en Cataluña. El permiso de comercio con América favoreció a los pueblos de la costa. Isabel II dio a los catalanes el monopolio textil de las Antillas. La revolución industrial llega a los telares de Manresa, Sabadell, Tarrasa y Barcelona. La facilidad de las comunicaciones favorece la venta de productos manufacturados y agrícolas al resto de España.

Los procesos de amortización de las tierras de la Iglesia y las municipales crearon un proletariado rural en el sur de la Península: braceros y campesinos sin tierra, pues las tierras subastadas no pudieron ser adquiridas por los campesinos que no disponían de medios para comprarlas. Tras las grandes oleadas de hambre que sobrevenían en Andalucía, los braceros andaluces emigraron a las zonas industrializadas donde engrosaron el proletariado industrial. En Barcelona se dividía a los obreros en “operarios” (obreros calificados) y “miserables” (proletariado bajo). En las primeras luchas sociales están solamente los “miserables”, llamados más tarde “anarquistas” (palabra sin contenido político alguno aún, pues todavía no se había formulado la teoría anarquista en el terreno político. A los “miserables” se les llamaba también la “hez”.

Los obreros ya habían creado en Barcelona “sociedades de apoyo mutuo” contra la arbitrariedad de los patronos. En 1855 estas sociedades ya habían organizado la primera huelga en Barcelona, antes de entrar en España la doctrina anarquista.

A partir del Sexenio Democrático, fue cuando el movimiento obrero adquirió madurez y extensión organizativa. En 1864 se había fundado en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional de los trabajadores (OIT), que agrupaba a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Ante la explotación que sufren los trabajadores como consecuencia de la revolución industrial, la Internacional tiene como objetivo lograr un orden social más justo, ser un símbolo de solidaridad internacional entre los obreros y organizar políticamente el proletariado proponiendo líneas de acción.

Pronto se pusieron de manifiesto las diferencias programáticas entre los tres principales colaboradores: Karl Marx y Friedrich Engels, partidario del socialismo científico, y Mijaíl Bakunin, partidario del anarquismo colectivista.

Los marxistas estaban a favor de la formación de una internacional de partidos obreros fuertemente centralizados. Su programa era la lucha por conquistas laborales concretas y, a largo plazo, la lucha por la revolución social a través de la conquista del poder del Estado. Marx y Engels sostenían que eran necesarias una actividad y una organización políticas antes de emprender iniciativas revolucionarias. En la teoría marxista la dictadura del proletariado se considera como un paso previo para la instauración de la sociedad comunista sin clases ni opresiones. La dictadura del proletariado serviría para eliminar al Estado, así como todos los poderes económicos y sociales de la burguesía. Más tarde el carácter transitorio de la dictadura del proletariado terminó por convertirse en permanente.

Los bakunistas propulsaban un modelo revolucionario basado en la organización asociativa-cooperativa (federalismo social) que rechaza el poder centralizado y el monopolio de la violencia por parte del Estado. Para Bakunin, por el contrario, la revolución no podía esperar. A causa de estas fuertes discrepancias con Marx y Engels, Bakunin fue expulsado de la Internacional en el V Congreso de la AIT en La Haya en 1872. Se produjo así la escisión entre dos sectores dentro de la AIT: marxistas y bakuninistas.

Bakunin, apoyado por la mayor parte de los afiliados a la organización, y en particular de casi toda la totalidad de los afiliados españoles, mantuvo el control de la Internacional celebrado ese mismo año un congreso alternativo en la localidad suiza de Saint-Imier. Este congreso fue el acto fundacional del movimiento anarquista.

Las dos corrientes de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) encontraron eco en España. Pero fue la corriente anarquista la que adquirió mayor predicamento, introducida por el italiano Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin, en 1868, pocos meses después de la abdicación de Isabel II. Fanelli encuentra en España un terreno abonado. Los discursos de Fanelli sobre “La Idea” impresionaron a los obreros y campesinos españoles. Sus palabras eran tomadas por los oyentes con el mismo fervor que los primeros cristianos. Su lenguaje evoca al de las predicaciones del Evangelio. Esta intervención temprana del anarquista Fanelli asegurará en España el triunfo de las ideas de Bakunin sobre las de Karl Marx. Bakunin creó en Madrid y Barcelona la Federación Regional Española (FRE), sección de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). El anarquismo fue así durante decenios la ideología preponderante del movimiento obrero español.

El comunismo libertario de Piotr Kropotkin se distingue del colectivismo de Bakunin en que preveía la propiedad colectiva no solo de los medios de producción sino también de los productos. Estos no debían distribuirse en función del trabajo, sino según las necesidades de los individuos. Tras largas disputas en el seno del movimiento anarquista español, acabó por imponerse el comunismo libertario.

En 1871 llega a España Paul Lafargue, yerno de Karl Marx y formó en Madrid un grupo marxista. La corriente socialista se limitaba, en 1874, a unos reducidos núcleos de seguidores de Marx, agrupados en la asociación de Arte de Imprimir (tipógrafos), que sirvió de refugio a los movimientos obreros cuando a los pocos días el golpe de Estado del general Pavía (3 de enero de 1874) acabó con la Primera República y por decreto fueron disueltas las asociaciones dependientes de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Los movimientos obreros se vieron obligados a pasar a la clandestinidad.

«La primera experiencia democrática realizada por España puso de relieve la buena voluntad de una minoría y la indisciplina del pueblo, sometido a presiones mucho más tremendas que las que requerían su intervención como simple coeficiente en la vida pública a través del sufragio universal. Aparte el nuevo brote de carlismo, que afectó a Navarra y Cataluña como herencia directa de la insatisfacción del campesinado católico del Norte, los gobernantes tuvieron que luchar con el ambiente de bandería que machacaba toda acción conjunta, con la pereza mental de la burocracia y con el infantilismo místico de nuevas ideologías acrecidas al calor de una inesperada libertad. En pocos años el federalismo se adueñó de la costa mediterránea y andaluza, mientras le seguía en pos el extremismo obrerista, reflejo de la Primera Internacional. Esta corriente debía hallar entre los braceros andaluces y un grupo de obreros catalanes una franca acogida. Sobre ellos había ya caído la doctrina de Proudhon, a través de las obras de Pi y Margall [traductor de Proudhon].» [Vicens Vives 2003: 143-144]

El teórico político Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), es conocido como el padre del anarquismo moderno. En su obra ¿Qué es la Propiedad? (1840), Proudhon denunció los abusos a que da lugar la concentración del poder económico y de la propiedad privada. Sus teorías radicales le hicieron popular como pensador anarquista. Proudhon se oponía al socialismo utópico de Charles Fourier y Claude Rouvroy, conde de Saint-Simon. Para Proudhon la sociedad no puede ser transformada siguiendo un plan preconcebido. En su modelo ético de la sociedad, la responsabilidad ciudadana bastaría para protegerse sin necesidad de un gobierno. Rechazaba el uso estatal de la fuerza para mantener el orden social. En una “orden de anarquía”, es el pueblo el que actúa de forma responsable por su propia voluntad.

Las clases populares creyeron encontrar en el federalismo de los federalistas intransigentes la panacea de sus males: eliminación de la desigualdad social y justo reparto de la riqueza, sobre todo de las tierras. Pero los anarquistas combatían toda forma de Estado, que para ellos era un instrumento de poder y represión, el poder lo tenía que asumir la clase trabajadora misma.

«La alianza entre el proletariado y los partidos republicanos resultó demasiado precaria. Aunque un amplio sector de las clases jornaleras estaba decididamente comprometido con la causa de la democracia, como los demuestran los sucesivos levantamientos y revueltas que culminan en 1868 con la Septembrina, los intereses de ambos grupos dirigentes eran distintos. Mientras los líderes republicanos veían en la transformación política la meta de sus aspiraciones, las masas populares, cada vez más audaces, exigían cambios sustanciales, de orden económico y social.

La Primera Internacional encuentra en España un campo fértil. Las nuevas ideas rechazan las panaceas políticas e insisten en modificaciones profundas. Impacientes por respuestas más osadas, el obrero industrial y el campesino se adhieren a las filas de la Internacional.

El movimiento anarquista se desarrolla con energía en el campo y la ciudad, pero cada sector busca su forma peculiar de expresión. Mientras los trabajadores fabriles recurren a la huelga como instrumento de combate, el campesino, todavía inserto en el mundo de la miseria rural, utiliza las únicas armas que conoce: la sociedad secreta y terrorista. Ambos grupos revierten a sus orígenes: los obreros, a la organización sindical, desarrollada desde los comienzos del societarismo, y los campesinos, al carbonerismo subversivo.». [Lida 1972: 16-17]

En la década de 1880, con la sociedad anarquista rural la Mano Negra, el movimiento obrero entra en crisis. Se hace patente la ruptura entre el campo y la ciudad.

LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO

A pesar del fracaso del Sexenio Democrático, durante este período se produjeron importantes transformaciones en la legislación y política económica, se posibilitó el desarrollo del movimiento obrero y se creó el primer precedente de constitucionalismo democrático y federal.

En 1868 se creó la primera unidad monetaria, la peseta, que venía a sustituir al real.

Se intentó una reforma fiscal, frustrada por la resistencia de la burguesía y los apuros de Hacienda. Se arbitró un sistema de atención a la Deuda Pública, creando el Banco Hipotecario en 1872. Se otorgó al Banco de España el monopolio de la emisión de billetes. El Banco de España actuaría como prestamista del Estado y podría emitir billetes en la medida en que saliesen títulos de deuda al mercado. Se abrió la economía española a los mercados internacionales mediante la Ley Arancelaria de 1869, que rebajaba los impuestos de aduana para facilitar la importación de bienes de equipo y la exportación de alimentos y materias primas.

La Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Minas de 1871 favorecieron las inversiones exteriores y la entrada de capitales para financiar el crecimiento económico.